Normativa

ACUERDO SECRETARIAL 7/17 (07 DE MARZO DE 2014)

 Objetivo del Acuerdo

Formular Programas de Gestión Escolar en educación básica para fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas. Marco Legal y Contexto

Basado en el Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación.

Relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013‑2018 y el Programa Sectorial de Educación en la meta “México con Educación de Calidad”.

Principios de Autonomía Escolar

La escuela toma decisiones enfocadas en el aprendizaje de todos los alumnos.

Involucra a docentes, directivos, supervisores, padres de familia y comunidad.

Componentes del Programa de Gestión Escolar

Condiciones básicas: infraestructura, tecnología y tiempo escolar

Evaluación continua: uso de resultados para mejorar.

Planeación anual: con diagnóstico, metas y seguimiento.

Transparencia: manejo claro de recursos.

Participación comunitaria: compromiso de toda la comunidad educativa

Condiciones de Operación Escolar (Normalidad Mínima.

Escuelas funcionando todos los días, con plantilla completa, puntualidad y sin sustituciones tardías.

Priorización Educativa

Cinco ejes clave:

Lectura, escritura, matemáticas.

Disminución del rezago y abandono escolar.

Acceso y permanencia.

Buena convivencia escolar.

Fortalecimiento de la supervisión y Consejos Técnicos.

Uso de la Evaluación

Resultados accesibles y transparentes.

Formación en interpretación de datos.

Evaluaciones equitativas y con fines de mejora continua.

Planeación y Ruta de Mejora

Diagnóstico participativo con objetivos, metas, cronograma y seguimiento.

Documento flexible que se ajusta según los avances.

Administración de Recursos

Gestión eficiente y clara.

Participación del Consejo Técnico, padres y comunidad.

Rendición de cuentas sin carga excesiva.

Corresponsabilidad y Participación

Liderazgo del director, apoyo de supervisión.

Padres comprometidos con asistencia y logro escolar.

Trabajo colaborativo entre todos los actores escolares.

Acuerdo 11/06/24 (publicado 13 de junio de 2024)

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, y que el Estado —en sus distintos niveles: federal, estatal, municipal y Ciudad de México— debe impartir y garantizar la educación básica, que comprende la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esta educación debe ser obligatoria, gratuita, laica, pública, universal e inclusiva. Además, debe sustentarse en el respeto a la dignidad humana, promover los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso educativo. El Estado tiene la obligación de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Se reconoce a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y como actores clave en la transformación social, así como a las escuelas como espacios esenciales para el aprendizaje. Los artículos 4º y 31, fracción I, de la misma Constitución refuerzan que el interés superior de la niñez debe guiar todas las decisiones del Estado y que es deber de los mexicanos asegurar que sus hijos o pupilos menores de 18 años asistan a la escuela, participen en su proceso educativo y velen por su bienestar y desarrollo.

La Ley General de Educación, en su artículo 37, precisa que la educación básica abarca los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, en sus diversas modalidades como general, indígena, comunitaria, telesecundaria, entre otras, incluyendo también la educación especial mediante los Centros de Atención Múltiple. Los artículos 90 y 94 de la misma ley reconocen la función clave de las y los docentes y promueven su revalorización mediante la reducción de cargas administrativas para priorizar su labor pedagógica. Las autoridades deben enfocarse en brindar apoyos técnicos y didácticos y fortalecer tanto la gestión escolar como la participación de las madres, padres o tutores. Finalmente, el artículo 123 de la Ley General de Educación establece que las autoridades educativas de todos los niveles deben ejecutar programas que fortalezcan la administración escolar. Para ello, deben incluir en sus presupuestos los recursos necesarios y seguir los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, los cuales deben orientarse a usar los resultados de la evaluación para la mejora continua y a desarrollar una planeación anual con metas verificables y compartidas con la comunidad escolar.